Primera de cinco partes
Por definición la amnistía se refiere a perdonar cierto tipo de delitos, extinguiendo la responsabilidad de sus autores. En México la Ley de Amnistía –planteada originalmente para sacar de la cárcel a poblaciones vulnerables cuyo acceso a la justicia y al debido proceso no fue claro o fue violentado– se publicó el 22 de abril en el contexto de la crisis sanitaria provocada por la pandemia.
Su aprobación a nivel federal llevó a que cada uno de los estados comenzara una discusión al respecto. El Estado de México no ha sido la excepción, en esta entidad diversas organizaciones han impulsado dicha discusión y han presentado cuatro iniciativas.
En el Estado de México, según datos contenidos en el “Informe especial. Los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad en infraestructura penitenciaria del Estado de México en 2016” se menciona que, en 2015, la sobrepoblación en los centros penitenciarios de la entidad era de 15 mil 906, es decir: existe una capacidad instalada para 11 mil 524 reclusos pero hay 27 mil 220 internos, entonces, el excedente es de 15 mil 906 personas: el 236 por ciento.
El representante del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, Antonio Lara Duque, señaló –en una entrevista para AD Noticias– que en el Estado de México hay 19 mil 500 encarcelados de forma injusta: violentados en su debido proceso o discriminados debido a un problema estructural.
El diputado Maurilio Hernández, titular de la Junta de Coordinación Política de la 60 legislatura estatal ha declarado que en el ámbito judicial “se cometen muchísimas injusticias […] hay casos que duran hasta 14 años sin sentencia.”
José Humbertus Pérez Espinoza, activista y defensor de los derechos humanos, presentó asimismo una iniciativa para incluir en amnistía a las “personas privadas de la libertad que el Estado los lleva a prisión, utilizando todos los medios coercitivos como policías, ministerios públicos, jueces, magistrados y la parte más dura de la coerción la cárcel.”
En el Estado de México se pretende ir más allá de la norma federal, pues se busca integrar aspectos de análisis respecto a temas de justicia penal, además de hacer extensivo el perdón a quienes se encuentran acusados y sentenciados por cometer delitos de alto impacto, en el entendido de la posibilidad de que quienes son acusados de haberlos cometido pueden haber sido culpables fabricados.
El 27 de julio diputados de Morena presentaron la iniciativa en la legislatura local, posiciones en contra se dieron por parte de integrantes del Partido Acción Nacional y Revolucionario Institucional, asimismo se solicitó la inclusión de otras opiniones, como la de la Fiscalía General de Justicia y del Poder Judicial para la discusión.
El 3 de agosto se pusieron en marcha las sesiones virtuales de un parlamento abierto –ejercicio no practicado antes en la entidad– impulsado del por el diputado Max Correa Hernández; en el se escucharon diversas posturas, tanto de legisladores como de representantes de asociaciones civiles, derechos humanos, familiares de presos e instituciones.
La ley podría probarse, o no, en el periodo ordinario de sesiones que se inicia en septiembre.
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