La coordinadora del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, Fabiola Vite, evidenció ante diputadas y diputados locales que el actual sistema de justicia discrimina, criminaliza y excluye a personas jóvenes, de bajos recursos, quienes son acusadas de ilícitos de alto impacto, por lo cual la Ley de Amnistía del Estado de México debe contemplar todo tipo de delitos, pues en este país las personas son detenidas por su apariencia, sin pruebas, y son víctimas de delitos como la tortura.
Al acudir al Parlamento Abierto, establecido por las y los legisladores locales explicó que la amnistía sería una reparación del daño a personas injustamente presas, un reconocimiento a la falla estructural, una invitación a hacer las cosas mejor, a investigar y a perseguir el delito adecuadamente, sin tortura, ni violaciones a los derechos.
La ley, advirtió, podría beneficiar a unas 19 mil 500 personas que en estos momentos están en prisión posiblemente criminalizados, pero inocentes, por lo cual llamó a dejar prejuicios y a no pensar que liberarán a delincuentes.
«En el Estado de México hay personas injustamente presas no importa si es una, seis o miles, lo importante es que esta problemática existe y es estructural, resultado de un sistema que excluye, discrimina y criminaliza la pobreza, la ignorancia y la rebelión».
La ley, advirtió, podría beneficiar a unas 19 mil 500 personas que en estos momentos están en prisión posiblemente criminalizados, pero inocentes
La especialista refirió que en casos como Tlanixco y Atenco las personas fueron acusadas de secuestro y homicidio, les fabricaron delitos de alto impacto y algunos fueron liberados tras 15 años de prisión, por lo que la ley debe contemplar todo tipo de delitos.
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Fabiola Vite expuso cómo ciudadanos y policías estigmatizan a jóvenes morenos, por su apariencia sencilla. Temen que sean delincuentes, mientras ellos temen que los policías los detenga sólo por su apariencia.
En respuesta a cuestionamientos que en otra comisión hicieron diputados del PAN de cómo asegurar que no liberarán a delincuentes advirtió que pueden dudar de quienes defienden, pero también les pidió dudar del sistema de justicia que aún cuando tiene a cerca de 30 mil personas en las cárceles, en la entidad mexiquense no disminuyen los índices delictivos.
De lo que no deben dudar, explicó, es de la oportunidad que tienen de hacer justicia y de ayudar a quienes compurgan delitos que no cometieron.
La coordinadora del CDHZL afirmó que es prejuicio sentenciar a 50 años o más a una persona antes de que se emita una sentencia, por lo cual los invitó a no replicar el estigma, a tener apertura y a cumplir con el mandato de ser representantes populares.
Ante la inquietud de cómo garantizar los derechos de las víctimas, Vite puntualizó que esa respuesta la debe dar la Fiscalía, pues su obligación es demostrar que los responsables son los adecuados y que no van a prisión por el dicho de una persona que no saben si existe, mientras el Poder Judicial debe ponderar las pruebas.
«Son las instituciones y no el pueblo quien debe rendir cuentas», subrayó, y añadió que por eso es importante la Ley de Amnistía: para hacer justicia a un sector vulnerado y revictimizado con una prisión injusta.
«El Estado de México requiere una ley de Amnistía suigéneris para una impartición de justicia suigéneris», explicó al tiempo de señalar que la ley debe contemplar todo tipo de delitos y a quienes presenten indicios de violaciones a derechos humanos y categorías sospechosas de discriminación y no para beneficiar a quienes cometen delitos de lesa humanidad, aunque no están en prisión quienes torturan.
Según el INEGI, precisó, en la entidad hay más de 29 mil personas privadas de su libertad que deben acceder a la justicia, y de ellas, 520 con discapacidad, 307 en población de riesgo por el virus, 206 con padecimientos mentales que requieren atención médica.
Además, el 65% de la personas privadas de su libertad fueron ingresadas cuando tenían entre 18 y 29 años, un 75% vivía en pobreza y el 80% tiene escolaridad de cero a noveno grado, es decir, hasta el nivel de secundaria, una evidencia de que se criminaliza la juventud, la pobreza, la ignorancia de personas, quienes podrían sumar hasta 19 mil y sólo pueden salir con una ley de Amnistía que sirva.
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Propuso una comisión de seguimiento con el apoyo de organismos de defensa de derechos humanos y la participación activa de organismos no gubernamentales y del propio Ejecutivo y consideró que debe darse un plazo de al menos tres meses en la amnistía. La ley, precisó, es un punto de partida, pero se debe seguir discutiendo el sistema de justicia. Piden verlos y escucharlos.
Durante el parlamento abierto Lady Plácido, hermana de Daniel, sentenciado por el delito de secuestro, pese a ser inocente, y Óscar Hernández Neri llamaron a los diputados a voltear a ver a los injustamente presos.
Reiteraron que hay fabricación de delitos por parte de la Fiscalía General de Justicia que le «desgracia» la vida a la gente y puntualizaron que no se trata de liberar delincuentes, sino de hacer justicia, pues hay fallas, abusos e injusticias del sistema de justicia.
«No hagan como que no nos ven, tienen en sus manos la oportunidad de otorgar justicia, libertad, de devolvernos la vida que nos han robado.
«No es para liberar delincuentes, la cárcel está llena de inocentes, por eso los índices de criminalidad no bajan», aseguró Lady Plácido.