El año pasado al menos 39 agresiones contra defensores del medio ambiente fueron registradas por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), incluyendo 15 homicidios
Tras muchos meses de retraso, finalmente la semana pasada México ratificó el llamado Acuerdo de Escazú. Se trata de una herramienta que, entre otras cosas, obliga a los Estados firmantes a proteger mejor a los defensores ambientales, al mismo tiempo que vuelve mucho más fácil que los ciudadanos accedan a la información que les permita saber si un proyecto dañará el entorno y cómo lo hará.
En nuestro país, la violencia contra las personas que defienden el medio ambiente no es un tema nuevo. El año pasado al menos 39 agresiones contra defensores del medio ambiente fueron registradas por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), incluyendo 15 homicidios. En lo que va del presente año son ya varios los casos en que defensores de los derechos de la tierra, el territorio y el ambiente pierden la vida. Otros más han denunciado acoso, persecución, agresiones e intentos de homicidio. Dado que ante la mayoría de estos casos se ha mostrado una gran incapacidad del Estado para cuidar a quienes han abanderado luchas por la defensa de bosques, selvas, agua y tierra o de hacer justicia cuando son asesinados, se vuelve trascendente la existencia de un acuerdo internacional vinculante en esta materia.
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El Acuerdo de Escazú tiene ese carácter: es de observancia obligada para quienes lo firman y ratifican. Pero tiene ahora el “pequeño” problema de que lo han firmado 22 de los países del continente (de un total de 33), pero necesita que 11 de ellos lo ratifiquen para que entre en vigor. Ninguno de los países que tienen serios problemas de este tipo, como Brasil, Colombia o el propio México se había animado a ratificarlo. Finalmente el jueves pasado el Senado de la República lo hizo, por unanimidad, destacando en las intervenciones de la sesión en que se aprobó, que este acuerdo reconoce el derecho al desarrollo sustentable. Así nuestro país se suma a Nicaragua, Bolivia, Antigua y Barbuda, Guyana, Uruguay, San Vicente y las Granadinas y Saint Kitts y Nevis, que ya lo habían ratificado.
El acuerdo en comento es mucho más amplio que sólo un compromiso para cuidar a los defensores de derechos ambientales, de hecho su nombre completo es Acuerdo Regional Sobre el Acceso a la Información, Participación y Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Su espíritu incluye apoyar la implementación de la Agenda 2030, prestar especial atención a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad y enfatiza el objetivo fundamental de proteger el derecho a vivir en un entorno saludable. Asimismo, establece importantes estándares para abordar algunos de los desafíos más apremiantes del planeta, como el cambio climático, el declive de la diversidad biológica, la degradación de los suelos, la contaminación del aire y del agua, los desastres naturales, el agotamiento y uso insostenible de los recursos naturales.
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En su momento el Cemda afirmó que este Acuerdo es “una verdadera guía de Derecho Ambiental, sistematizando en un solo instrumento legal vinculante, regulación con los más altos estándares y, al mismo tiempo, contextualizados para la región latinoamericana, además de que establece la obligación de la protección de personas que defienden su derecho a un medio ambiente sano”. Con la ratificación de México sólo faltará un país más que haga lo propio para que pueda entrar finalmente en vigor, tras más de dos años de haberse firmado (en marzo de 2018, en Escazú, Costa Rica con la rúbrica de representantes de 15 países).
El Presidente de la República lo había remitido al Senado para su ratificación desde agosto pasado y organizaciones de la sociedad civil, así como expertos ambientales nacionales y extranjeros impulsaron su aprobación, urgiendo a México a mostrar su compromiso con la defensa de los derechos de quienes han hecho de la conservación ambiental una causa. La ratificación arroja un poco de luz a un panorama bastante aciago que ha venido campeando en las luchas ambientales a lo largo de todo el país, mismas que nos han evidenciado la degradación ambiental que está en curso en buena parte del territorio nacional y de la que emergen con mucha frecuencia conflictos socio-ambientales en los que no pocos derechos resultan atropellados. Con este mecanismo hay esperanza de que las cosas comiencen a cambiar (algún día).
