Es francamente irritante la inmovilidad, la indiferencia, de nuestros 66 diputados federales –36 de MORENA, 10 del PRI, 10 del PT, 3 del PES, 2 del PAN, 2 del PRD, 2 de MC y uno del Verde–, frente a la intención de Hacienda de reducir el próximo año 7.7 por ciento el gasto federalizado en el Estado de México, lo que significaría la pérdida de 9 mil 944 millones de pesos, un golpe terrible a las finanzas públicas mexiquenses. Ninguno, al menos hasta ahora, ha dicho ni hecho nada al respecto, cuando una de sus obligaciones es la de defender los intereses de la entidad. Les preocupan y ocupan más sus agendas personales electorales, unos quieren reelegirse, otros brincar a otro cargo. Sería muy saludable escuchar qué piensa al respecto el secretario Rodrigo Jarque.
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En el análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados al proyecto de presupuesto de egresos de la federación 2021, identificó la propuesta de bajar de 217 mil 674.3 millones de pesos autorizados este año a 207 mil 730.2 millones de pesos para el año siguiente. El Ramo 28, Participaciones Federales, pasaría de 127 mil 338.9 millones a 125 mil 239.7 millones, 2 mil 099.2 millones menos, un recorte de 4.9 por ciento. Ramo 33, Aportaciones Federales, perdería mil 288.3 millones, bajando de 79 mil 104.2 millones de pesos a 77 mil 815.9 millones, 4.9 menos. El golpe generaría verdaderos estragos a las finanzas públicas estatales que tendrían que recudir más su gasto y quizás aumentar su deuda pública para compensar. Lo peor de todo es que los ciudadanos ni por enterados están.
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Uno de los síntomas de lento cambio político en el Estado de México, tan lento como una tortuga, es que personajes como el diputado Oscar González Yáñez preservan sus cacicazgos y continúan instalados como factores de poder, en su caso, en Metepec. Es casi kafkiano cómo aspirantes a la alcaldía de todos los colores políticos le piden cita para besar la mano como padrino. Los favores, el capataz del PT, los tasa de encargos: “te ayudo, pero quiero como mínimo el organismo de Agua y Saneamiento y la dirección Obras Públicas”, ha condicionado a más de uno. Patético.
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A propósito de la reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, que ha emprendido la LX Legislatura, valdría la pena preguntar a sus 75 integrantes si alguna vez la han leído, si conocen a plenitud su contenido. Lo mismo tendría que hacerse con la población en general, para tener idea clara de cuántos de los 18 millones de habitantes tienen al menos una noción general de su contenido. Con esas respuestas será muy fácil deducir de dónde vienen entonces las intenciones de renovarla y para qué.
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Cuando el actual gobierno encontró destruido el sistema público de salud, lo habían sistemáticamente saqueado y convertido su nómina en granja de operadores electorales, más de 8 mil personas dadas de alta como trabajadores administrativos. A lo largo de los pasados 25 meses ha logrado dar de baja a 3 mil 140, algo que no ha sido nada sencillo, pero que ha significado detener la hemorragia presupuestal. Aunque quedan encaramados quizá otros 5 mil, muy complicado, pero lo están haciendo bien Gabriel O´Shea y Fred Rescala.
