Datos del Instituto Mexicano del Seguro Social indican que a finales de abril se perdieron 36 mil 974 empleos formales en el Estado de México, sin embargo, la cifra de mexiquenses desempleados durante la contingencia podría ascender hasta unas 100 mil personas si se toma en cuenta que entre 50 mil y 60 mil trabajadores de la economía informal también perdieron su fuente de ingreso.
Así lo estimó Jorge A. Díaz Galindo H., oficial mayor de la Federación de Trabajadores del Estado de México (CTM), al considerar como grave la situación laboral que se vive en estos momentos frente a la encrucijada de «salud versus economía», aunque consideró que se debe priorizar la salud.
La Secretaría del Trabajo ya cuenta con 2 mil denuncias de malas prácticas laborales durante la contingencia que están siendo documentadas para iniciar el procedimiento correspondiente
Ante la crisis económica que se enfrenta Díaz Galindo mencionó que el papel de los sindicatos ha sido principalmente el de vigilar que los salarios no se vean afectados y que las empresas, en caso de despedir trabajadores, lo hagan en el marco de la ley y otorgando la liquidación correspondiente.
Aunque dijo que no podría generalizar, destacó que en el Estado de México la mayoría de los empresarios, especialmente los que están afiliados a cámaras y asociaciones, realizan esfuerzos importantes para evitar el cierre de sus empresas y el despido de sus trabajadores.
«La mayor parte del empresariado mexiquense ha actuado con responsabilidad, no todos, pero sobre todo los patrones organizados están actuando de manera responsable, cuidando las fuentes de empleo por sus propios intereses y por no despedir gente», afirmó.
De igual forma aseguró que, por parte de las autoridades estatales, los trabajadores sí han recibido apoyos a través de la Secretaría del Trabajo y de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Refirió que la dependencia que encabeza Martha Hilda González Calderón ya cuenta con 2 mil denuncias de malas prácticas laborales durante la contingencia que están siendo documentadas para iniciar el procedimiento correspondiente.
Por su parte, el titular de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, Miguel Ángel Terrón Mendoza, precisó que, frente a la declaratoria de emergencia sanitaria, los principales servicios que se proporcionan son de asesoría telefónica. Informó que del 20 de marzo al primero de junio, 52 días laborables, se han otorgado 5 mil 315 asesorías, a las cuales se suman las cerca de 14 mil brindadas entre el 1° de enero y el 19 de marzo, por lo tanto, alrededor de 20 mil trabajadores fueron asesorados.
No obstante, mencionó que este periodo cuenta con una disminución en el número de asesorías que se ofrecen, ya que en años anteriores, también entre enero y marzo, el registro de asesorías diarias era de 163 y en esta ocasión bajó a 103. Esto se atribuye a que, por lo general, la gente prefiere el trato personal y se rehúsa a utilizar los medios cibernéticos a fin de tener la certeza de que su asunto será atendido debidamente.
Terrón Mendoza precisó que de las 5 mil 315 asesorías otorgadas de marzo al primero de junio, aproximadamente el 52% corresponden a despidos injustificados, es decir, se trata de alrededor de 2 mil 700 personas que se encuentran en esa circunstancia.
Sin embargo, será hasta que las oficinas de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje reanuden actividades cuando se puedan presentar las demandas respectivas. Adelantó que de ese número sólo 50% podría consolidarse como una demanda formal, por un lado, porque se busca llegar a convenios a fin de evitar el desgaste que implica un juicio que puede tardar más de 3 años, por otro, porque los mismos trabajadores desisten del caso.
Mendoza también destacó que en 2019 tan solo en las oficinas de la procuraduría se lograron recabar más de 160 millones de pesos a través de la conciliación de un total de 218 millones que se obtuvieron ese año.
