Toluca, Méx.- El diputado Javier Salinas Narváez, vicecoordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), informó que presentó ante la Oficialía de Partes de la LIX Legislatura del Estado de México una iniciativa para que el Ombudsman mexiquense sea designado con base en los criterios de consulta pública emitidos por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).
Indicó que con ello, el aporte de Organismos No Gubernamentales, y la derogación de los artículos del 8 al 12 de la Ley que rige al organismo – que actúan como candado al establecer que sólo se aprobará sin restricciones el presupuesto operativo básico -, se garantizaría una real autonomía presupuestal de la Comisión y, con ello, libertad de decisión y acción.
Mencionó que a pesar de que el artículo 16 de la Constitución local ya prevé la consulta pública como mecanismo para la elección del titular de la Codhem, no resuelve sobre el procedimiento, lo que permite variaciones circunstanciales e injerencias que trastoquen la objetividad de la Comisión en defensa de la población.
Además, indicó que la iniciativa en cita, promueve dar “dientes” a la Codhem para que se sancione económicamente a servidores públicos que se nieguen a responder sus Recomendaciones o a proporcionarle informes, lo cual sería mediante la contraloría estatal y las municipales.
Por esta razón, incluye sanciones administrativas, consistentes en multas entre cinco y diez salarios mínimos mensuales vigentes para los servidores públicos que no rindan los informes solicitados por la Comisión en los términos establecidos o no informen si aceptan o no la recomendación emitida por la Codhem en los términos establecidos.
En tanto, la responsabilidad administrativa disciplinaria procederá cuando los servidores públicos se nieguen a aceptar una Recomendación, siempre que por otra instancia se acredite la existencia de la violación de los derechos humanos.
Además se contempla, para no dejar en estado de indefensión a los servidores públicos cuando no se acredite la violación a las garantías individuales aludida o no se haya acreditado que el servidor público señalado es el responsable, el establecimiento de la emisión de las Resoluciones de No Responsabilidad.
Finalmente, la iniciativa establece plazos – o reduce los existentes – para resolver cada etapa del procedimiento de queja, mediación y arbitraje, con el objetivo de agilizarlo y darle certidumbre.
