Si pensábamos que ya habíamos visto lo peor, pues no; eso apenas está por iniciar. La Secretaría de Salud fue clara en el comunicado que emitió este domingo: en las siguientes dos semanas vendrá el mayor pico de propagación, quizá la parte mas trágica y dolorosa. Pretender responsabilizar al gobierno porque cada vez hay más contagios y más muertes, más que injusto es canalla. Hay información suficiente, la gente toma sus propias decisiones. Quizá el fallo mayor en la gestión de esta crisis ha sido el insuficiente apoyo para retener en casa a aquellos que si no salen, no comen.
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Es muy probable que en los días por venir asistamos al total colapso de nuestro sistema sanitario, la capacidad de atención en los hospitales públicos llegará a su límite máximo y la tragedia será la constante. ¿Qué se puede hacer sobre la indolencia de una buena parte de la sociedad? Solo las medidas de fuerza, el autoritarismo, que está probado, solo sirve para agravar los problemas.
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Restringir la circulación en el centro de la ciudad, como lo ha hecho el alcalde de Toluca -que llegó al poder con la izquierda, pero gobierna con la derecha-, ha sido una medida poco eficaz y muy polémica. El problema no son los automovilistas, sino los transeúntes, deberían explicarle a Juan Rodolfo –“Juan Facholfo”-, algunos de sus colaboradores que le alientan a tañes desplantes. Por supuesto que el problema de COVID en Toluca es muy grave, pero no es con ese tipo de control social como se resolverá. Nada por la fuerza, ha dicho una mil veces el presidente y líder de aquellos que gobiernan bajo el logo de MORENA, como Juan. En su descargo habría que decir que no es el primero, ni el único. La pandemia ha transcendido el tema de salud, ha dañado también a la economía y, ahora parece que hasta las libertades.
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Apenas en abril pasado, el líder del senado, Ricardo Monreal, advertía a los gobernadores que restringir el libre tránsito como medida de control para la pandemia, “implicaría la violación de derechos humanos”. Fue preciso en explicar que para llegar a ese tipo de medidas se tendría que gestionar primero ante el Congreso a solicitar la cancelación de garantías. Cuatro días después, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, fue muy clara al advertir que el Consejo de Salubridad no sugiere las medidas restrictivas al libre tránsito y pidió directamente a los alcaldes se abstuvieran de hacerlo. Es claro que el alcalde de Toluca se ha ido por la tangente.
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Un tema que debería colocarse en la agenda del debate público de un estado como este, con mas de 8 millones de personas con alguna condición de pobreza, de ellos casi un millón en pobreza extrema, es el Ingreso Básico Universal, junto con una red de seguridad social ampliada, que podría aliviar la precariedad de los trabajadores durante la crisis COVID y ayudaría a remediar las disparidades existentes que se han intensificado debido a la pandemia. Se ha logrado en España con un gobierno de izquierda, ¿por qué aquí no?
