Si la crisis por el COVID-19 se agrava y extiende podría costar al Estado de México, calculan analistas de corredurías financieras, calificadoras y bancos, dos puntos o más de su PIB, unos 200 mil millones de pesos. Una verdadera catástrofe que quizá no se está dimensionando de manera correcta por las autoridades. Sería casi el equivalente a dos terceras partes del presupuesto del gobierno para este año. La brusca desaceleración económica, por las acciones sanitarias de distanciamiento social, tendrá un costo altísimo. La pobreza aumentaría sustancialmente, para desgracia de todos. Ojalá fallen en sus pronósticos y todo quede en una falsa alarma.
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La deuda pública estatal se comerá solita este año 13 mil 209 millones de pesos de los recursos públicos entre amortizaciones e intereses, más de cuatro veces los 2 mil 900 millones de pesos destinados para el plan emergente de apoyo a la economía familiar por la epidemia de coronavirus. Los barones del dinero podrían prorrogar el pago al gobierno, al menos lo que resta del año, y destinarlo en ayuda a la gente, para reactivar la economía. Se vale soñar.
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Este sería un muy buen momento para que la directora del Issemym, Bertha Alicia Casado Medina, por fin ponga remedio al indignante sistema de pagos de los 66 mil 334 pensionados y pensionistas, pues al 40% de ellos se les mantienen fuera del sistema electrónico de transferencias y se les obliga a presentarse físicamente a recoger su cheque. Que recuerde que estos 28 mil adultos mayores forman parte del grupo de más alto riesgo en la actual emergencia sanitaria.
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Hombre de fe, el arzobispo de Toluca, Javier Chavolla Ramos, rentó un helicóptero para volar sobre su provincia eclesiástica y repartir físicamente bendiciones a los fieles católicos como consuelo y protección frente a la pandemia de coronavirus. Transmitió en vivo su peregrinar aéreo y las redes reaccionaron no muy favorablemente, los heaters se lo acabaron. “Mejor reparta despensas, al fin que la Iglesia tiene mucho dinero…”, fue lo menos que le dijeron. La irritación social linda los límites de la intolerancia.
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Desde sus tiempos como poderoso secretario particular del entonces gobernador Arturo Montiel, a Miguel Sámano le gustaba definir el ejercicio del poder con la frase “es mejor que me sientan, aunque no me vean”. En buena medida así explicaba porque se sentía tan cómodo operando tras bambalinas, de bajo perfil mediático. Casi 20 años después no ha cambiado el método, por el contrario, lo ha perfeccionado y, como diputado y coordinador de la bancada del PRI -minoritaria, por cierto- se ha consolidado como el hombre clave de los acuerdos para la gobernabilidad en un régimen de poderes divididos. Algunos atrevidos legisladores no dudan en considerarlo como el “Líder”.
