¿Más dinero para las universidades en la 4T?

Un problema que ya hemos tratado antes en este espacio es el de la falta de recursos en las universidades públicas. Son al menos diez instituciones las que se encuentran en graves problemas económicos en el país, entre ellas nuestra Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex). Hoy parece abrirse para ellas un poco de espacio para salir del agobio financiero a partir de la posibilidad de acceder a recursos de un fondo adicional que el gobierno federal crearía para asignarles mayor presupuesto. Esto se deriva del anteproyecto de la Ley General de Educación Superior que elaboró la Secretaría de Educación Pública (SEP) y ha hecho llegar a diputados federales para su estudio.

De acuerdo con este documento, del que sólo algunos medios de comunicación han dado cuenta en los últimos días, las universidades e instituciones de educación superior podrían contar con un fondo –adicional al subsidio regular que reciben– que asegure suficientes recursos económicos para garantizar la obligatoriedad y gratuidad en la impartición de la educación superior en todo el país, así como el financiamiento plurianual a la infraestructura.

El documento, entregado la semana pasada a los legisladores en una sesión de trabajo en la SEP, indica que el monto anual que el Estado destine a estas instituciones públicas –para el desarrollo de las funciones de docencia, investigación, desarrollo tecnológico e innovación y difusión de la cultura– no podrá ser menor a uno por ciento del PIB ni inferior en términos reales a lo erogado el año anterior.

Sabemos que varias de las instituciones que presentan crisis financiera tienen problemas de carácter estructural que difícilmente se resolverían con el acceso a estos nuevos recursos, sin embargo, parece una buena señal que la SEP haya elaborado un proyecto de ley que, además de considerar más dinero que permita a las instituciones de educación ampliar su cobertura y no a costa de colegiaturas, les permita estar exentas del pago de impuestos. Así es, el anteproyecto señala que los ingresos de las universidades e instituciones de educación superior y los bienes de su propiedad estarán exentos de todo tipo de impuestos.

Otra buena señal es que en dicha propuesta de ley se sugiere que en “toda reforma a las leyes orgánicas de dichas instituciones deberá respetarse la autonomía universitaria”. No olvidemos que nuestra UAEMex está ahora mismo metida en el proceso de reforma a su ley y un debate ha sido precisamente el de la autonomía.

Pero hay que señalar dos cosas: primero, que este anteproyecto considera algunos “candados” para acceder a los recursos que se proponen: se considerarían –dice– factores como la cobertura educativa en el estado, planes de desarrollo, necesidades para garantizar el fortalecimiento académico y el cumplimiento de las funciones de docencia, investigación y difusión de la cultura, así como el ejercicio responsable y transparente de los recursos públicos. En ese sentido, hay muchos asuntos pendientes en materia de manejo de los recursos por parte de varias universidades, sobre todo entre aquellas señaladas por su presunta participación en la llamada “estafa maestra”.

Y la otra cosa a señalar es que este anteproeyecto tendrá que ser discutivo y, en su caso, aprobado por el poder legislativo, lo cual implica la posibilidad de que la propuesta tenga  modificaciones. Habrá que esperar que las mismas no afecten el espíritu que parece tener esta propuesta del gobierno federal: asignar más recursos para ampliar la cobertura, avanzar en el cumplimiento de obligatoriedad que el Estado mexicano ha asumido legalmente para el caso de la educación superior, compensar a las instituciones el ingreso que obtienen al cobrar colegiaturas y, en general, asignar suficientes recursos para el desarrollo de las funciones de docencia, investigación, desarrollo tecnológico e innovación y difusión de la cultura que tienen las instituciones de educación superior en el país.