Luego de 11 años de la violenta agresión contra habitantes de San Salvador Atenco, el próximo 16 y 17 de Noviembre la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenciará el caso; de acuerdo con lo informado por el centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C.
De acuerdo a lo informado por el diario El Universal, el gobierno mexicano deberá presentarse a la audiencia para desahogar el caso y dar seguimiento a las recomendaciones. La sentencia tendrá carácter vinculatorio.
La represión ejercida los días 3 y 4 de mayo del 2006 por parte de la Policía Federal Preventiva y la Agencia de Seguridad Estatal del Estado de México; siendo Enrique Peña Nieto Gobernador del Estado de México, dejó a más de 200 personas detenidas, y denuncias contra elementos policíacos por vejaciones, también implico el abuso sexual comprobado en contra de 11 mujeres, quienes mantienen la denuncia que la Corte Interamericana deberá analizar.
Como resultado de la evaluación de los hechos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), concluyó que en ese operativo hubo violaciones graves a los derechos humanos, así como un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía; sin embargo las recomendaciones no fueron atendidas adecuadamente por parte del gobierno Mexicano, por lo que la denuncia se presentó en septiembre del 2016 a la Corte Interamericana.
Una de las agraviadas, Bárbara Italia Méndez, señaló en entrevista para el Universal:
“Nuestra exigencia principal es que se investigue a los responsables materiales e intelectuales de los operativos, que se investigue la cadena de mando”(…) “Le diría a la sociedad que necesitamos observar mucho más a las autoridades y sobre todo a las corporaciones, para que esto no siga ocurriendo de manera sistemática”, aseguró.
El incumplimiento del gobierno mexicano
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2016/140.asp
El 17 de septiembre de 2016 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llevó el caso de violaciones a derechos humanos realizadas durante los operativos policíacos de los días 3 y 4 de mayo de 2006, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
El caso se relaciona con violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo, en el marco de las detenciones y traslados realizados en los operativos policíacos que tuvieron lugar en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco.
Como lo describe el comunicado emitido por la CIDH el 27 de septiembre del 2016, la comisión estableció que la detención de las once mujeres los días 3 y 4 de mayo de 2006 fue ilegal, arbitraria y sin ser informadas sobre las razones de su detención, ni sobre los cargos respectivos. Asimismo, la Comisión determinó que las once mujeres acudieron a rendir su primera declaración sin contar con información mínima ni defensa técnica.
Tras analizar la prueba disponible, la Comisión consideró acreditada la existencia de graves actos de violencia física y psicológica, incluyendo diversas formas de violencia sexual en contra de las once mujeres, y de violación sexual en el caso de siete de ellas. La CIDH consideró acreditado que estos actos fueron cometidos por agentes estatales, calificó estos hechos como tortura.
Tras haber evaluado el estado de la implementación de las recomendaciones contenidas en el Informe de Fondo, la Comisión estableció que el Estado no había avanzado integral y sustantivamente en el cumplimiento de las mismas.
Pasados más de diez años de ocurridos los hechos, no existe un esclarecimiento judicial de las violaciones ocurridas en perjuicio de las once mujeres ni se ha emitido sentencia alguna en los procesos penales al respecto.
Este caso ofrece una oportunidad para que la Corte Interamericana profundice sobre la necesidad de investigar de manera integral todas las posibles responsabilidades, incluidas las derivadas de la cadena de mando, así como las derivadas tanto de las acciones u omisiones que dieron lugar a los hechos en sí mismos y también de las que pudieran haber obstaculizado su esclarecimiento.
Los hechos
En plena campaña electoral presidencial del año 2006 el 3 de mayo de 2006 un grupo de floricultores es desalojado violentamente en Texcoco, hay 211 detenidos 47 son mujeres, varios heridos, ocurre la muerte de un niño y las primeras mujeres violadas. Una de ellas fue detenida porque se le quedó viendo al camión de la policía, luego fue violada. La policía sitia San Salvador Atenco. Por su parte el movimiento social desarrollado en torno a la denominada “otra campaña” llama a realizar acciones civiles y pacíficas en apoyo a Atenco.
El jueves 4 de mayo, alrededor de las 5:30 AM arribaron a Atenco más de 3 mil elementos de la policía estatal y federal a los alrededores del poblado. 20 minutos después comenzaron a avanzar y de una manera violenta lanzaron decenas de petardos de gas lacrimógeno. En el poblado, la operación se dio por varios flancos. En términos generales, los ejidatarios opusieron poca resistencia.
De inmediato se desataron una serie de múltiples cateos de viviendas en las que se aprehendía a los moradores. Estos eran golpeados y arrastrados hacia las camionetas oficiales, en ese proceso y traslado otras mujeres fueron violadas. Según reportes, 217 personas fueron las encarceladas en los dos días de violencia.
Crónicas de medios como la Jornada, Proceso y documentales como Romper el Cerco narran estos hechos y muestran la brutalidad con la que se desarrolló la represión.
El diario La Jornada difundió cartas y testimonios en los que se encuentran los siguientes fragmentos:
“Forzaron las entradas de las casas de al lado para acceder por las azoteas. Ya dentro, golpearon con toletes y armas a los compañeros que se encontraban en los cuartos, inclusive a los que estaban heridos. Con las mujeres cometieron bajezas, como bajarles el brassier y manosearles los senos y sus partes íntimas. No pararon de golpearnos hasta subirnos a los camiones. Algunos fuimos arrastrados escaleras abajo y pateados sin compasión en el piso. […] En los camiones empezaron las amenazas de muerte. Nos percatamos de que los granaderos estaban drogados. Con las compañeras empezaron las agresiones y el abuso sexual. […]
Ciudadanas españolas dan cuenta de vejaciones a manos de policías
Cuando entró la policía al pueblo nos tiraron de todo, gases lacrimógenos, nos dispararon con balas y con todo. […] Al final una señora nos abrió la puerta de su casa y nos refugiamos unas ocho personas. […] Finalmente nos encontraron y nos agarraron; nos pusieron a todos con la boca al suelo, nos taparon la cara con capuchas y nos ataron las manos en el propio patio de la casa.
Las vejaciones más flagrantes se produjeron cuando las subieron a un camión junto a varias decenas de personas: “Nos metieron en un camión, donde nos empezaron a golpear todo el tiempo con las porras y con patadas. Además de que nos insultaban muchísimo, a nosotras por ser españolas nos llamaban etarras, putas y más cosas. Después nos cambiaron a un camión más grande, donde pasaron lista a todos –creo que éramos 38– y nos agredieron sexualmente a las mujeres”.
