Efrén Rojas Dávila tuvo un acariciado anhelo que nunca pudo alcanzar en su añeja militancia priista: ser diputado. Lo intentó una y otra vez, pero siempre le cerraron el paso. El régimen le compensó posibilitándole una muy completa trayectoria administrativa que pasó por ser rector de UAEM, secretario de Educación, secretario de Desarrollo Social, secretario General del Gobierno, subsecretario de Educación en el gobierno federal con Enrique Peña, secretario Adjunto a la Presidencia estatal del PRI y presidente del IAPEM, cargo al que renunció inusitadamente cerrando un ciclo al servicio del sistema. Ahora, ha puesto sus conocimientos y habilidades –particularmente las de estratega electoral–, al servicio de otras causas, entre ellas las del Grupo de Acción Política, que controla en buena medida las estructuras formales de MORENA en el Estado de México. Quién lo diría.
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La moralización de los cuerpos de seguridad pública ha sido tarea imposible. La policía del Estado de México sigue siendo muy corrupta desde arriba hasta abajo. Las causas son estructurales y prevalecen. Así, el combate a la delincuencia no podrá ser nunca eficaz. En el diagnóstico del nuevo secretario, Rodrigo Martínez-Celis, está clarísimo, ahora falta por saber si tendrá la fuerza institucional y el tiempo para actuar.
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Desde el primero –Juan Josafat Pichardo Cruz–, hasta el actual –Alfredo Barrera Baca–, la Universidad Autónoma del Estado de México ha tenido 18 rectores y, quizá, el proceso de elección de ninguno de ellos tuvo tanta atención y tensión como el de quién será el siguiente, el 19. El contexto histórico, social, político y económico, es muy distinto y determinante. La vida institucional universitaria no debería ser alterada por afiebrados intereses políticos internos y externos, como parece que está sucediendo.
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A punto de cumplir su primer año en al frente del Poder Judicial, el ánimo reformista del magistrado presidente, Ricardo Sodi, es notable. Al sistema de administración de justicia le urgen cambios profundos. Pero no serán suficientes las voluntades si no alcanzan forma legal. Desde la reforma constitucional de 1995 que creó el Consejo de la Judicatura, se ha mantenido intocado. Son 25 años en los que ha aparecido el moho estructural y funcional. El pueblo del Estado de México exige y merece una mejor justicia.
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Taxi Capital no es más que un vulgar negocio. Sus unidades no son mejores que otras que circulan por miles en Toluca y que dan un servicio de media a baja calidad. Lo que prometieron para justificar las concesiones fue un embuste, una mentira más de las autoridades. Son terribles.
