Hace 50 años, el 2 de octubre de 1968, a las 17:55 horas, dos bengalas rojas fueron disparadas desde la torre de Tlatelolco como señal para que integrantes del Batallón Olimpia iniciaran la dispersión de miles de jóvenes reunidos en la Plaza de las Tres Culturas; por más de dos horas, el Ejército realizó acciones militares y disparó contra los manifestantes, esta represión buscaba poner fin a un proceso de organización que involucraba no sólo a estos estudiantes, sino a diversos sectores de la sociedad que se aglutinaron encontrando coincidencias en sus respectivas luchas sociales.
Cincuenta años después, el pasado 3 de septiembre, los estudiantes del CCH Azcapotzalco se manifestaron en la explanada de Rectoría para solicitar el esclarecimiento del presupuesto escolar, la restauración del acervo mural del colegio y permiso para la creación de nuevos murales por parte de alumnos, la asignación de profesores y horarios, así como castigo a profesores y administrativos abusivos y deficientes, los estudiantes fueron atacados por un grupo de porros.
En la Universidad Autónoma del Estado de México, con una convocatoria inusitada sin precedentes, un aproximado de cinco mil universitarios salieron a las calles para exigir el esclarecimiento de la muerte de Demi Aurora Hernández Jiménez, la segunda estudiante asesinada de la Facultad de Humanidades.
Las razones de las movilizaciones estudiantiles a lo largo de 50 años, e incluso antes, responden a distintos motivos, específicos de sector algunos, resultado de la incidencia de éstos en diversas clases sociales otros.
Definidos por la teoría política como catalizador de los movimientos sociales, los estudiantes responden a coyunturas determinadas, a movimientos específicos; es el caso de la muerte de Alexis Benhumea, quien fue herido por un proyectil de gas lacrimógeno lanzado por la policía en la irrupción violenta a San Salvador Atenco el 4 de mayo de 2006, los muertos de Tlatelolco, la hospitalización de Joel Sebastián Meza tras el ataque que sufrió por porros en la rectoría de Ciudad Universitaria, incluso la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos, en Ayotzinapa, Guerrero. Muertes y ataques muestra de otros relacionados con la participación de los jóvenes en los movimientos sociales.
Si bien, mayoritariamente, la participación estudiantil responde a circunstancias específicas, es un hecho que las condiciones sociales y políticas actuales generalizan su intervención porque aparecen en este entorno como un sector vulnerable.
Las razones son diversas, un asomo a la educación impartida a las universidades puede ser punto de partida para comprender por qué de un total de 93,682 estudiantes matriculados en la UAEMéx, sólo cinco mil participaron en una marcha en la que una de las peticiones fue garantizar la seguridad de los universitarios.
La labor de los estudiantes es trascendental, su participación debiera conjurar el medio siglo de abuso y corrupción que, medio siglo después, ha mantenido a los responsables de la masacre del 68 sin castigo, a los responsables de la muerte de Areli Lizbeth Salazar Segura, sueltos y a los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.
Hasta entonces, la misma situación se mantiene, crece y se arraiga, como con la ley de seguridad interior, la impunidad es característica inequívoca de un sistema que repite la historia en una especie de trágico círculo vicioso.
