Acatará gobierno estatal resolución sobre “Ley Atenco”

Por Karina Villanueva   El Gobierno mexiquense acatará la decisión que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, mejor conocida como “Ley Atenco”. Así lo señaló Eduardo Valiente Hernández, comisionado de Seguridad Ciudadana en la entidad, quien afirmó que sea cual sea el fallo de los ministros, habrán de ceñirse a la misma. “Estamos atentos a esa resolución y sin duda alguna estamos seguros que están haciendo un análisis detallado, profundo de toda esta Ley y nosotros habremos de sujetarnos
6 marzo, 2017

Por Karina Villanueva

 

El Gobierno mexiquense acatará la decisión que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, mejor conocida como “Ley Atenco”.

Así lo señaló Eduardo Valiente Hernández, comisionado de Seguridad Ciudadana en la entidad, quien afirmó que sea cual sea el fallo de los ministros, habrán de ceñirse a la misma.

“Estamos atentos a esa resolución y sin duda alguna estamos seguros que están haciendo un análisis detallado, profundo de toda esta Ley y nosotros habremos de sujetarnos a esa decisión, sin más ni más, sin problema alguno…”

Lo anterior luego de que la SCJN aplazó la discusión sobre el tema, ya que los ministros aún no determinan si es válida la impugnación presentada por el Congreso del Estado de México en contra de dicha ley.

Cabe referir que la Ley Atenco fue propuesta por el gobernador Eruviel Ávila Villegas y aprobada por el Congreso mexiquense el 17 de marzo del 2016. En abril del año pasado los diputados locales pidieron la inconstitucionalidad de la misma, derivado de las críticas de diversos grupos que señalaban atentaba contra los derechos humanos.

Será este lunes cuando la SCJN continúe la discusión la acción de inconstitucionalidad.

El dato:

·         La llamada Ley Atenco prevé que si las autoridades del Estado de México consideran que, en una protesta, los manifestantes se expresan con amenazas para intimidar, o para obligar a que se acepten sus demandas, entonces se aplicará la fuerza pública. 

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