Toluca, Estado de México; 8 de octubre de 2019.- Familiares de mujeres desaparecidas consideraron que la segunda alerta de género para el Estado de México por desapariciones les genera esperanza y es un avance, pero urge que las autoridades capaciten a sus funcionarios para que dejen de ejercer violencia institucional y se pongan a trabajar, a fin de detener y sancionar a los responsables.
Laura Curiel, del Colectivo Alondras Unidas e integrantes de la organización Vivas Nos Queremos de Nezahualcóyotl llamaron al gobernador Alfredo Del Mazo y a los alcaldes a estar presentes en las mesas de trabajo que se instalarán, pues a ellas, advirtieron, no les sirven las tarjetas rosas; lo que necesitan es justicia y encontrar a sus familiares.
Reprocharon en conferencia de prensa que en la entidfad no se reconocía el problema de desapariciones, pero esta alerta es una oportunidad para que se atienda el problema, porque los Ministerios Públicos minimizan el tema y cuestionan las denuncia que realizan.
La segunda alerta de género por desapariciones, explicaron, tiene varios retos enfrente: destinar recursos a ese mecanismo, capacitar funcionarios para que sean sensibles y ponerlos a trabajar para que cumplan con su labor, pues en estos momentos las familiares de personas desaparecidas son víctimas de violencia institucional y quienes hacen recorridos e indagatorias.
Las mujeres que se han abocado a la búsqueda de sus hijas, madres y demás familiares señalaron la necesidad de que se particularice cada caso, que se sigan líneas de investigación relacionadas con la violencia en el hogar y vinculadas con los delitos de trata de personas y de feminicidios; así como encontrar y sancionar a los culpables.
Otras peticiones son que exista tecnología, el fortalecimiento de las unidades de análisis de contexto y dar un presupuesto suficiente para que la segunda alerta funcione.
También llamaron al gobernador Del Mazo a acudir a las mesas de trabajo, al igual que a los alcaldes, a establecer compromisos y atender las recomendaciones de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM).
Narraron que han sido víctimas de violencia institucional porque los Ministerios Públicos cuestionan sus vidas, a sus hijas y de manera general no reconocen las desapariciones, ni la violencia que sufren, aun cuando muchas de ellas también son víctimas de violencia y de amenazas.
Solicitó que los funcionarios estén capacitados para atenderlas, pues han tenido que prepararse, mientras los servidores públicos a veces no están capacitados, no cumplen con las funciones para las que fueron contratados.
“La atención no mejora”, “no hay resultados”, “somos víctimas de violencia institucional”, “solo quiero justicia”, “llevo años buscando a mi hija” “que se castigue a los culpables” fueron algunas de las frases de las mujeres que acudieron a la conferencia de prensa.
Por su lado, Ana Yurixi Leyva, ex diputada local criticó que cada año apenas se etiqueten 30 millones de pesos para la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, a fin de atender el tema de la primera alerta por violencia feminicida.
Advirtió que a las autoridades mexiquenses les falta voluntad y los diputados están ante la oportunidad de fortalecer el tema de prevención y búsqueda con un mayor presupuesto, pues defendió que las alertas sirven, pero deben efectuarse acciones emergentes.
Consideró que el mecanismo de declaratoria de alerta es único en el mundo, visibiliza el problema y ha permitido construir instituciones, pero falta atender las recomendaciones, capacitar a los servidores públicos y no tener personal que no hace bien su trabajo.
También falta contar con un registro actualizado, establecer mesas de trabajo, con un cronograma de actividades, hacer búsquedas inmediatas.
