El 5 de enero de 2015, el gobernador del Estado de México, junto con el titular de la Secretaría de Salud, inauguraron el Hospital Público Veterinario de Naucalpan. Sin embargo, la obra se entregó sin que se hayan, hasta el momento, cubierto los adeudos con los proveedores.
Tal es el caso de la Comercializadora Abaco Industrial, una empresa de jóvenes que vio la oportunidad de iniciar grandes proyectos y que se encontró con una burocracia leonina que se empeña en ponerles trabas para que cobren los 3 millones 846 mil 320 pesos que les adeudan.
Jorge Vázquez, director de la empresa, señala: “Sabemos que no somos los únicos y la fila de demandas y exigencias del pueblo es enorme; pero nosotros no podemos seguir en esta orquesta mal ejecutada por donde la vea el gobernador y no exigimos mas que lo justo: que nos paguen lo que nos deben”.
El Hospital Veterinario de Naucalpan, retrata de un Compromiso de Gobierno inaugurado por Eruviel Ávila Villegas y el secretario de Salud, Cesar Nomar Gómez Monge el día 5 de enero de 2015, del cual Abaco industrial fue el principal proveedor del equipamiento de dicha clínica.
Los trámites rehicieron conforme se acordó con las autoridades del Sector Salud, con una autorización presupuestal solicitada por el Director de Regulación Sanitaria, Víctor Hugo Ramírez Cruz, misma que fue autorizada por Fernando Sánchez Esquivel, mediante oficio No. 217 B41000/045B8/15, por un importe de 2 millones 565 mil 459 pesos.
Pero hubo más. Una autorización presupuestal No. 217B41000/379/15 por el monto de un millón 280 mil 860 pesos, que en conjunto suman 3 millones 846 mil 320 pesos. Ese dinero solamente existe en el papel, en el compromiso, pero ahora, incluso, les niegan atención.
Jorge Vázquez expuso que la autorización presupuestal no fue ejecutada a satisfacción del proveedor, dado que las autoridades adujeron que la Gaceta Normativa de Adquisiciones no se los permitía hacer pago alguno por tratarse de insumos veterinarios y que solamente podían ser para atención de humanos. Una primera irregularidad, dado que los trabajos se licitaron, se realizaron y nunca se especificó lo que ahora les dicen.
La segunda irregularidad es que se les propuso que aceptaran que el pago se hiciera a través de un tercero, en este caso Alberto Kibrit; quien representa a Kisa Importaciones S.A. de C.V., persona que solamente les ha dado 500 mil pesos para “solucionar en parte” el problema que enfrentan.
Y no ha habido más. A pesar de los intentos que han hecho por la vía legal y mercantil, se enfrentan a un sistema que es juez y arte, donde ha sido constante y desgastante la del Gobierno del Estado de México y la Secretaria de Salud para pagarles.
El quejoso indicó que buscan encontrar una solución pronta y favorable, ya que la empresa se encuentra en proceso de descapitalización, lo cual deja en claro que hay movimientos nada claros en el Sector Salud ante la connivencia del gobernador Eruviel Ávila Villegas.
