El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) demandó la detención violenta e ilegal de un grupo comunero llamados Defensores de la Tierra, del municipio de Lerma, en el Estado de México, por agentes ministeriales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, apoyados del Ejército Mexicano, Policías Federales y Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana.
Acusa José Antonio Lara Duque, coordinador del CDHZL, que fueron cinco varones y tres mujeres, entre ellos una persona mayor a 70 años sometidos con brutalidad policial al interior de sus domicilios, los cuales fueron saqueados y destrozados.
“Los familiares de los detenidos y vecinos de la comunidad fueron también agredidos y existe terror en la comunidad ante la posibilidad de otra agresión”, aseguró el ombudsman mexiquense, Jorge Olvera García, quien ha defendido su territorio junto con los pobladores vecinos ante los intentos externos de despojarlos para intereses privados, mencionaron.
A esto, el Juez de Control del Distrito Judicial de Lerma, José Manzur Quiroga, y el Titular de la Fiscalía General de Justicia del estado de México, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, criminalizaron, sin fundamento legal a los defensores de la tierra, mencionando que eran todos ellos unos delincuentes, situación falsa, pues su único delito es oponerse a la expropiación y venta de sus tierras para favorecer intereses privados, mencionaron.
En palabras de José Antonio Lara Duque: “exigimos la libertad de las personas detenidas, así como la más alta protección a la integridad física y psicológica, tanto de los detenidos como de los habitantes del pueblo de la localidad de Salazar, municipio de Lerma, Estado de México”, mencionó.
Sin embargo, fuentes oficiales de Toluca, mencionan que los 8 detenidos, fueron vinculados por su probable participación en los delitos de privación de la libertad, robo con violencia y lesiones, y fueron ingresados al Centro Penitenciario de Reinscripción Social de Lerma, por estos delitos.
Estas personas se encuentran en calidad de inocentes hasta que se determine lo contrario, y se mantiene una investigación abierta con duración de un mes y medio para que sea dictada una sentencia condenatoria en su contra.
