Toluca, Méx.- Luego de una semana de disturbios y saqueos a tiendas en distintos puntos de la República mexicana, el presidente Enrique Peña Nieto presentó el “Acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar”, tema que, desde un enfoque histórico del pueblo mexicano, ha sido utilizado en repetidas ocasiones, como pacto entre la iniciativa privada y las administraciones priístas que han deambulado sexenio tras sexenio.
Este inicio de año se vio marcado por el anuncio del alza en el precio de las gasolinas, el cual desató la furia en varios sectores de la sociedad, lo que se tradujo en saqueos a decenas de establecimientos comerciales, así como disturbios y enfrentamientos con la Policía en varias ciudades, además de cientos de detenidos.
La semana pasada, el presidente dio un mensaje a la nación en el que señaló que el aumento en el precio del combustible era algo necesario, como consecuencia del incremento en los precios del petróleo en meses recientes “el cual esta ligado a los estándares internacionales”, manifestó Enrique Peña.
Hoy, el presidente mexicano dio a conocer este Acuerdo que consiste según el mismo, en un compromiso para evitar “un incremento injustificado en los precios de los productos de la canasta básica”, aunque también refirió que el escenario que enfrentará el país en los próximos meses -si no es que años-, será sumamente adverso.
Según lo externado por el Ejecutivo, “se reducirá en 10 por ciento la partida de mandos superiores” de su administración, y respecto a los actos de vandalismo refirió “quienes suscribimos el acuerdo nos comprometemos a preservar el estado de derecho y la cordialidad”, como amenaza del poder del Estado que desde hace unos días había advertido, será utilizado para amedrentar y reprimir manifestaciones sociales.
De acuerdo con el documento, este fue firmado por el gobierno de la República, el Consejo Coordinador Empresarial, la Confederación de Cámaras Industriales, el Congreso del Trabajo, la Confederación Nacional Campesina, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la CTM, la CROC, la Coparmex, entre otras organizaciones obrero patronales.
Este tipo de programas gubernamentales que buscan el apoyo de la iniciativa privada no son nuevos, de hecho pueden asociarse históricamente con los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional.
Muestra de ello se dio en diciembre de 1987 cuando se anunció el “Pacto de Solidaridad Económica” y en 1988 el “Pacto para la estabilidad y crecimiento económico”, mismos que buscaban detener la inflación que era de más del cien por ciento.
De igual forma, en 1995, en plena crisis luego del llamado “error de diciembre” y la devaluación que le siguió, el gobierno de Ernesto Zedillo presentó el “Acuerdo de Unidad para Superar la Emergencia Económica”. Durante la presentación de dicho acuerdo el entonces presidente dijo que “el sector empresarial se compromete a sacrificar márgenes de ganancia, mientras que el sector obrero se compromete a seguir pautas salariales consecuentes con el propósito de asegurar que el impacto inflacionario de la devaluación sea estrictamente transitorio y lo más reducido posible“.
De nueva cuenta, el acuerdo recién firmado, señala que los empresarios se comprometen a no subir los precios de los bienes y servicios de forma indiscriminada y a evitar los fenómenos de especulación, “para que con sentido de solidaridad y de responsabilidad social, podamos acompañar a los sectores menos favorecidos”, dijo Enrique Peña.
Así, esta tarde la figura de José Antonio Meade Kuribreña, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), fue la encargada del descargo de “estrategias” en contra del gasolinazo, las cuales giran en trono a cuatro ejes, como son proteger la economía familiar, fomentar inversiones y empleo, preservar la estabilidad económica, además de fomentar la cultura de la legalidad y el marco de derecho.
