Toluca, Estado de México; 14 de octubre de 2019.- El coordinador general del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, Antonio Lara Duque, tiene la palabra; en el salón Benito Juárez del palacio legislativo se presenta el informe Situación sobre los Derechos Humanos en el Estado de México 2018-2019.
Se habla de un recuento de deudas respecto a la violación a los derechos humanos con el pueblo del Estado de México: los defensores del agua, de la tierra; Santiago Tianguistenco, La Magdalena Panoaya, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Santa María Cahuacán, Santa María Apaxco, San Francisco Tlalcilacalpan, los pueblos indígenas y otras deudas.
Lara Duque habla del camino del centro de derechos humanos: han sido siete años de trabajo, de "tender puentes de apoyo para fortalecer los horizontes políticos y democráticos para encontrar la justicia jurídica y social".
En la mesa está Max Correa, legislador de Morena, también el primer visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, el mismo que -la tarde en que fueron liberados los presos de Tlanixco- fue increpado por los familiares por no hacer nada, "el mismo que fuimos a ver mil veces y no hizo nada", dice una de las familiares de los ex presos de Salazar. Él habla poco, medido, sin aspavientos; algunos de los presentes niegan con la cabeza cuando dice que han vigilado los casos.
En la Legislatura se presentó el informe Situación sobre los Derechos Humanos en el Estado de México 2018-2019/ Foto: P. Ramírez
En la mesa, la moderadora menciona a los movimientos sociales que están presentes, cuando lo hace se levantan, gritan una consigna o extienden una manta: Lizbeth Laguna habla de que los pueblos de Tecámac y Zumpango no fueron consultados para la construcción del aeropuerto en Santa Lucía, menciona que quienes se oponene al aeropuerto no son fifís, como lo señala el presidente López Obrador, sólo quieren defender sus recursos y evitar la catástrofe hídrica de la región.
Hablando de defensa del agua participan los ex presos de Tlanixco, quienes estuvieron recluidos 16 años acusados de asesinato; participan los integrantes del Tianguis del Trueque de Santiago Tianguistenco, organización que sufrió el asesinato de una de sus integrantes; el magisterio democráticos del Estado de México, que denuncia represión, habitantes de Cahuacán en defensa de sus recursos despojados antes proyectos privados, la Alianza Única del Valle de Atizapán, desalojados de su unidad desde hace ya casi un año, la Magdalena Panoaya, con conflictos por límites territoriales; Santa María Apaxco, comunidad que sufre consecuencias por la incineración de residuos tóxicos.
Un recuento de deudas respecto a la violación a los derechos humanos con el pueblo del Estado de México/Foto: P. Ramírez
Los participantes tienen tres minutos para abordar su problema específico pero siempre usan más, no da tiempo, dice a AD la representante de Tianguis del Truque, hay mucho que decir, mucho que explicar, todo son acuerdos políticos.
Los conflictos aislados se tejen y una mujer grita: “estamos contigo Cuahuacán”; todos corean la consigna “agua sí, aviones, no”: problemas comunes en la constante de la violación a los derechos humanos; el nombre de Zeferino Ladrillero suena una, dos, tres veces.
El informe reconoce la existencia de los comités de agua como una forma de organización comunitaria, “una práctica ancestral constituida como forma de vida”, poco a poco, quienes escuchan tienen la posibilidad de unir las piezas de un rompecabezas que se relaciona con recursos naturales, con megaproyectos, con proyectos privados y apropiación de costumbres; los que hablan son indígenas, o no, pero queda claro es que son trabajadores, pobres, pues.
El tema de los feminicidios también estuvo presente en el informe/ Foto: P. Ramírez
El informe muestra el número de mujeres muertas en el Estado de México en el período de Alfredo del Mazo: 176 feminicidios del 1 de septiembre de 2017 al 31 de julio de 2019: Ecatepec tiene el primer lugar con 18 asesinatos.
Los presos políticos es un tema a tratar, el informe dice que son “una justificación común para impedir que las personas sigan en la defensa de sus derechos “, los movimientos sociales se desvían porque deben enfocar sus esfuerzos en la liberación de sus compañeros.
Algunas de las tareas pendientes, recomendaciones generales, son en primera instancia el reconocimiento de que existen violaciones a los derechos humanos; que la Codhem investigue, se pronuncie y emita recomendaciones; que se investiguen los daños y delitos ambientales; que se reconozcan jurídica, política y administrativamente los sistemas comunitarios de agua; que se cancele la construcción de las utopistas Atizapan-Atlacomulco y Piámides-Texcoco; que se garantice el acceso a la justicia de los pueblos y personas indígenas; que se impida la criminalización de las personas defensoras de los derechos humanos; muchas más integradas en el informe.
Presentes en el Informe, los diversos grupos que han visto vulnerados sus derechos/Foto: P. Ramírez
Antes de concluir la presentación del informe, documento integrado con casos específicos deviolaciones a los Derechos Humanos en el Estado de México, Lara Duque resalta la importancia de la organización, de trabajar unidos, considera que hace falta labor de la sociedad civil pero reconoce el avance que representa presentar el documento en la legislatura y los lazos que se han tendido entre los movimientos.
“Aborto sí o aborto no, eso lo decido yo”, un grupo de mujeres grita frente a la mesa como colofón a la presentación y entonces se ve lo disímil de los movimientos; lo distinto de sus orígenes y de sus integrantes; cuando todos aplauden, al menos los que presentaron sus casos, se observa también el factor de unión: la violación flagrante se los derechos humanos de quienes buscan evitar el avance de un sistema económico que en forma de autopista, aeropuerto, fraccionamiento, privatización del agua, explotación de bosques y otras manifestaciones, los agrede.a
