Toluca, Estado de México; 2 de octubre de 2019.- Ante el alarmante número de desapariciones de mujeres y niñas en el Estado de México, la Comisión Nacional Para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), emitió la declaratoria de la segunda Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de México en siete municipios.
Los ayuntamientos son: Toluca, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Cuautitlán Izcalli, Chimalhuacán, Ixtapaluca y Valle de Chalco que registran la mayor incidencia y los cuales también tienen fueron alertados por la violencia feminicida en julio del 2015.
Con la nueva alerta, el Gobierno del Estado de México debe efectuar acciones y ejecutar medidas de seguridad, prevención y justicia, garantizar a las mujeres y niñas el derecho a vivir una vida libre de violencia, su seguridad e integridad; además de establecer un Programa de Trabajo con un cronograma de actividades calendarizado, presupuesto, e indicadores de estructura, proceso y resultados.
Las organizaciones I(DH)EAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C. y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C. son las promotoras de esa petición, hecha oficialmente en junio de 2018, tras presentar un estudio donde mostraron que entre 2015 y 2017 los casos de desapariciones de niñas, adolescentes y mujeres extraviadas o desaparecidas en esos municipios aumentaron hasta en un 227 por ciento.
Activan segunda Alerta de Género en el Edoméx para 7 municipios.
La declaratoria se firmó el 20 de septiembre, tras un análisis de un grupo de trabajo que concluyó que el Estado de México no señaló el tema de las desapariciones como un problema público y las autoridades no estaban articuladas para prevenir y combatir ese problema.
En las investigaciones, el gobierno no demostró haber cumplido con las propuestas, incluso, habría presentado evidencias que corresponden a la primera alerta. Por ello, la CONAVIM advierte que se requiere tener datos, garantizar la verdad, justicia y reparación del daño y reforzar acciones para garantizar la integridad de niñas y mujeres.
Al respecto, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Legislatura local, Maurilio Hernández advirtió que esa declaratoria es una muestra de que las cosas no funcionan. Consideró que para que sea exitosa es necesario revisar los mecanismos.
Diputado Maurilio Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Legislatura mexiquense
Afirmó que el Congreso aportará recursos para las alertas, buscará fortalecer la Comisión de Búsqueda y la Fiscalía General de Justicia, pero también pedirá que rindan cuentas.
El promedio de desapariciones en el Estado de México es de 46 por ciento, por encima del nivel nacional, que es de 25 por ciento; la mayoría de los casos son de menores de 15 a 17 años de edad. Hasta el 30 de abril del año pasado el registro era de 3 mil 890 mexiquense desaparecidos, de los cuales mil 785 eran mujeres
En el Estado de México, hasta el 30 de abril de 2018 había un registro de 3 mil 890 personas desaparecidas, de las cuales 1,785 eran mujeres.
Autoridades tienen que diseñar políticas públicas con perspectiva de género.
Las recomendaciones:
La CONAVIM da un plazo de 60 días hábiles -a partir de la notificación de la declaratoria- para informar sobre los recursos presupuestales humanos y financieros que serán asignados para hacer frente a la contingencia de la alerta; pide que el programa esté vinculado con el federal y fortalezca los instrumentos de política pública que garanticen a mujeres y niñas el derecho a vivir una vida libre de violencia.
Las autoridades deben diseñar una política pública con perspectiva de género y derechos humanos, georreferenciar los casos de niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas en los municipios señalados en la declaratoria, del 2016 al 2019 y mantener actualizado de manera permanente y accesible el Registro Estatal de Personas Desaparecidas y No Localizadas, con datos desagregados por sexo, edad, origen étnico o nacional.
Asimismo, emitir y ejecutar el Programa Estatal de Búsqueda de niñas, adolescentes y mujeres, un diagnóstico de la capacidad institucional, precisar los recursos presupuestales con los que cuenta cada instancia, capacitar servidores públicos y tanto el Congreso local, como los Cabildos de los municipios señalados deben tener una Comisión que se encargue del proceso de armonización de las leyes, reglamentos y normas.
