Sobrepoblación, hacinamiento, deficientes condiciones de reclusión, escaso personal penitenciario y una inadecuada protección de personas con necesidades especiales son los principales problemas que aquejan al sistema penitenciario del Edomex, así lo da a conocer la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en un informe publicado en diciembre de 2016.
En el documento titulado, "Los Derechos Fundamentales de las Personas Privadas de la Libertad en la Infraestructura Penitenciaria del Estado de México", detalla que el colapso penitenciario es consecuencia tanto del incremento de la población y de la incidencia delictiva, como de años de desatención estatal del sistema penitenciario, que han desencadenado en constantes violaciones a derechos humanos de los internos.
El reporte detalla que uno de los principales problemas es la sobrepoblación penitenciaria, donde el Edomex ocupa el primer lugar nacional, pues las cárceles mexiquenses tenían capacidad para 9 mil 964 reclusos, pero en ellos habitaban 26 mil 297, "sobrepoblación que genera, per se, violaciones a derechos fundamentales de los reclusos", cita el informe.
Esa comisión también documentó los pésimos servicios de salud que se ofrecen en las cárceles mexiquenses. En el penal de Tenango el médico asistía sólo los días martes y jueves; en Sultepec no había médico adscrito y en Tenancingo el galeno atendía también el penal de Tenango.
El reporte amplía que en Chalco el médico informó que el baumanómetro estaba en malas condiciones y que ni los medicamentos ni el material de curación eran suficientes, tampoco había servicio de ginecología; en Cuautitlán no se contaba con termómetro ni contenedor de material de riesgo sanitario, ni con servicio de ginecología; en Neza el mobiliario del área estaba en malas condiciones, no había estuche de diagnóstico, estetoscopio, lámpara con haz direccionable, los medicamentos no eran suficientes y no había servicio de ginecología; en Santiaguito los médicos no eran suficientes, no había estuches de diagnóstico, lámpara con haz direccionable ni servicio de ginecología; en Otumba escaseaban los medicamentos así como el material de curación; en Texcoco el estetoscopio estaba en mal estado, los medicamentos y el material de curación no alcanzaban para cubrir las necesidades de los internos y no había servicio de ginecología; en Lerma no se contaba con servicio médico durante los fines de semana y se carecía de instrumental para diagnóstico; en Sultepec no había médico, motivo por el cual el encargado de la dirección realizaba curaciones a los internos que lo necesitaban.
También se observó problemas con las instalaciones, instrumental y material de curación de las unidades odontológicas y se documentó que la mayoría de los asientos dentales estaba en malas condiciones.
Las orientaciones psicológicas también eran insuficientes, pues al cierre de 2015, sólo había 92 psicólogos que atendían a 24 mil reclusos y sólo había 111 trabajadores sociales.
Se documentó también que tampoco se procuraba estancias dignas a los reclusos, pues en los dormitorios había insuficiencia de planchas para dormir, iluminación artificial insuficientes, estructuras hidráulicas, sanitarias y de drenaje que necesitaban reparaciones y fallas en los suministros de agua.
También se documentaron deficiencias en las cocinas, y en las zonas de actividades educativas y laborales. En el penal de Chalco los teléfonos eran insuficientes y el dormitorio 8 tenía obstruido el drenaje; en Cuautitlán era deficiente la ventilación e iluminación natural y si bien contaban con ventiladores eléctricos, no era posible mantener frescas las estancias, la limpieza en las mismas era mala, había humedad, carencia de agua y pocos teléfonos; en Santiaguito los baños estaban sucios y el servicio de agua se racionaba; en Texcoco faltaban regaderas; en Lerma los dormitorios 2 y 3 no contaban con servicio de agua y en Sultepec había exceso de humedad.
El reporte también amplió que las áreas de visita familiar resultaban insuficientes; mientras que en 8 cárceles la ventilación e iluminación natural de las áreas de visita conyugal eran deficientes; en Cuautitlán sólo se contaba con cuatro espacios para visita íntima, pero sólo uno funcionaba; los otros se utilizaban para internos con padecimientos médicos, sancionados e inclusive para personal de vigilancia.
También se documentaron fallas en los locutorios pues no todos permitían privacidad de las comunicaciones.
En cuanto al ámbito educativo, la CODHEM observó que no se proporcionaba material didáctico a los reclusos en Cuautitlán Santiaguito y Otumba; había insuficiencia de aulas en Cuautitlán y Chalco, lo cual obligaba a utilizar comedores, pasillos y palapas para la enseñanza; en Cuautitlán y Chalco el acervo bibliográfico era escaso y el personal docente insuficiente en Santiaguito
También se documentaron castigos a los internos. En Cuautitlán se encontró una celda con una superficie de 2.5 por 1.5 metros cuadrados donde estaban 4 internos en condiciones de estancia incompatibles con la dignidad, de los cuales dos manifestaron que no se les hizo saber la duración de su sanción y los dos restantes aseveraron que no se les había escuchado en garantía de audiencia antes de ser ingresados a dicha área.
También se documentó que en 7 cárceles existían secciones en las cuales cohabitaban personas procesadas y sentenciadas, eso a pesar de que, "la clasificación de la población penitenciaria es un instrumento estratégico para determinar el trato o tratamiento que se debe procurar a cada recluso".
Mientras que en otras 9 cárceles con población femenil, tampoco existía clasificación entre procesadas y sentenciadas.
De acuerdo con la CODHEM en 7 penales se observó que personas con alguna discapacidad, adultos mayores, ex servidores públicos y personas con preferencias sexuales diversas a la heterosexual, se encontraban en las mismas áreas de la población general lo que los exponía a violencia, agresiones físicas y sexuales así como discriminación.
Para la elaboración del informe la CODHEM realizó 20 visitas a 15 Centros Penitenciarios en octubre de 2014 y 2015 y, a través de ese informe, hizo patente la necesidad de que las autoridades emprendieran acciones eficaces, tendentes a lograr la plena vigencia de los derechos humanos de los reclusos y evitar su violación.
