En la última década, America Latina ha sido el principal mercado de la empresa constructora Obrascón Huarte Lain (OHL) y México se convirtió en unos de sus principales bastiones para lograrlo; al cierre de 2013 la empresa invirtió en la región más de 4 mil 200 millones de euros en 10 autopistas, un aeropuerto y un puerto, obras que significaron el 68 por ciento del gasto total de la compañía en todo el mundo.
En 2014, los títulos de la empresa alcanzaron un precio record de 34.16 euros -el 19 de junio-, lo que colocó a la compañía en un precio de capitalización de 3 mil 407 millones de euros.
Para que OHL lograra estos registros a nivel mundial, la explotación de México fue clave, pues el país aportaba el 17 por ciento de las ventas totales de la empresa -sólo por debajo de España, sede de la constructora-, situación que cambió durante la segunda mitad de 2014, cuando los ingresos globales comenzaron a caer y cada acción se valuaba en 18.60 euros, un retroceso de casi 46 por ciento para la compañía.
Es en este punto, cuando la constructora intentaba sanear sus finanzas que los escándalos de la filial mexicana tomaban mayores alcances, pues la divulgación de un par de audios en los que se exhibía a Pablo Wallentin, director de Relaciones Institucionales de OHL y al en ese entonces secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado de México, Apolinar Mena Vargas, por pagos de sobornos había salido a la luz, en enero de 2015.
Los audios, difundidos a través de los medios de comunicación, tanto mexicanos como internacionales, propiciaron la renuncia de ambos implicados.
Cuatro meses después, en abril de ese mismo año, directivos de la compañía vuelven a ser expuestos, ahora en conversaciones con el secretario de Comunicaciones y Transportes federal, Gerardo Ruiz Esparza, las cuales involucraban de nueva cuenta a magistrados y ahora también a Enrique Peña Nieto, presidente mexicano.
En esa ocasión, las grabaciones indicaban que Peña Nieto se habría reunido con directivos de OHL, para hablar sobre el sistema de verificación (SIVA) que Infrabier, desarrolladora de tecnología para el monitoreo de aforos vehiculares, pretendía colocar en algunas de las carreteras que operan en el territorio mexiquense.
Así, el 21 de abril de 2015, el abogado de Infrabier, Paulo Diez Gargari, publica un desplegado en medios de comunicación donde denuncia la modificación “sin sustento legal” de la concesión de OHL en el Circuito Exterior Mexiquense, la cual le permitió a la empresa española aumentar las tarifas del peaje 50 por ciento, a lo largo de ocho años.
Según la postura de la constructora, el origen del conflicto no fue en sí el alza de tarifas sino un desacuerdo comercial, derivado de que el gobierno del Estado de México canceló a Infraiber un convenio marco que le permitiría medir el aforo vehicular en la vialidad mexiquense. Según la SCT los costos que planteaba la desarrolladora de tecnología eran mayores a otros servicios similares.
Ese mismo año, a inicios de septiembre, Diez Gargari fue detenido por agentes de la Procuraduría General de la República (PGR); hecho que cobró mayor relevancia cuando a través de un video difundido por Aristegui Noticias, se mostraba que uno de los elementos ministeriales sembraba un arma de fuego en el auto del abogado de Infraiber.
En el video de casi 14 minutos, mismo que fue presentado ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), apareció un hombre vestido de mezclilla, con chamarra y una gorra negra -acompañado de otros policías- a quien se le notó la empuñadura de una pistola saliéndole de entre el pantalón, la cual, presumiblemente depositó en el interior del vehículo de Paulo Diez.
Dos meses después, a través de Infraiber, el abogado demandó por actos de corrupción y asociación delictuosa tanto al titular de la SCT, Gerardo Ruiz, al ahora titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Luis Videgaray Caso, al gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, así como al secretario técnico del gabinete mexiquense, Apolinar Mena, por haber sido testigos del fraude en la licitación para la construcción del Viaducto Bicentenario en 2007, cuya concesión fue expedida a favor de OHL.
En la denuncia, Diez Gargari enfatizó que dos maquinas removedoras de barreras fueran compradas a sobreprecio a una empresa que tiene entre sus accionistas a Ricardo Arturo San Román Dunne, amigo personal de Enrique Peña, quien además estuvo implicado en la venta a “precio módico” de la mansión en el Campo del Club de Golf de Ixtapan de la Sal al Ejecutivo nacional.
Refirió que la operación fue posible a través de una triangulación entre el Circuito Exterior Mexiquense y el Viaducto Bicentenario, el 14 de diciembre de 2012 el gobierno del Estado de México autorizó a OHL una sobreinversión por 624.3 millones de pesos, identificada bajo el concepto de “Maquinaria y Monumento”.
La maquinaria señalada corresponde a las removedoras que no sirvieron para lo que supuestamente habían sido adquiridas y se arrumbaron en el Circuito Exterior Mexiquense. La otra edificación referida es el Monumento Bicentenario en Toluca, construido por OHL vía una empresa de Grupo HIGA, de Juan Armando Hinojosa Cantú, quien también fue el vendedor y financiero de la Casa Blanca de Peña Nieto en las Lomas de Chapultepec.
“Tanto OHL México como el secretario Ruiz Esparza sabían quién era el fabricante y cuál era el precio del sistema, que finalmente no fue adquirido con cargo al Viaducto Bicentenario, sino con cargo al Circuito Exterior Mexiquense, con un sobreprecio injustificado que pudo haber representado el pago de un ‘soborno’ por la adjudicación de la concesión del Viaducto Bicentenario en favor de OHL México y que podría estar relacionado con la casa del actual presidente de la República, entonces gobernador constitucional del Estado de México, en Ixtapan de la Sal”, advirtió la demanda.
Pese a todo, OHL mantiene un plan estratégico para 2015-2020, el cual consiste en duplicar el tamaño del corporativo, elevar las ventas a 8 mil millones de euros, así como el flujo operativo a 2 mil millones de euros.
Aunado a esto, cabe señalar que en la nómina de OHL han estado varios funcionarios de primer nivel del gobierno de Enrique Peña Nieto, como el caso del director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, quien estuvo en el Consejo de Administración de la constructora, Mario Beauregard, ex director corporativo de Finanzas de Pemex, quien también trabajó en el Consejo y en el equipo directivo de la empresa española
El vínculo de Lozoya y de Beauregard con OHL fue ventilado en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, desde mediados de 2014, cuando las diputadas Aleida Alavez y Lorenia Valles promovieron un punto de acuerdo para solicitar a Pemex Refinación un informe detallado de los contratos que obtuvo la constructora española en la paraestatal petrolera entre enero de 2013 y junio de 2014.
Pemex no había otorgado antes contratos a OHL y fue en el periodo de Emilio Lozoya y de Mario Beauregard como director general y director corporativo de Finanzas, respectivamente, que OHL Industrial recibió tres importantes contratos: la construcción de una planta de hidrógeno, la terminación del gasoducto en la refinería Cadereyta Jiménez y la construcción de una planta de cogeneración para la refinería Francisco I. Madero, en Tamaulipas.
La red de funcionarios al servicio de OHL continúa con el actual titular de la SRE, Luis Videgaray, quien jugó un papel importante como secretario de Finanzas mexiquense en la autorización de las concesiones carreteras a la constructora, así como en la autorización de una garantía de Banobras por el equivalente a 4 mil 99 millones de pesos, emitidos el 31 de marzo de 2015, por Organización de Proyectos de Infraestructura (OPI), accionista mayoritario de OHL en el Circuito Exterior Mexiquense.
De igual forma, el presidente del Consejo de Administración de OHL es José Andrés de Oteyza y Fernández Valdermoro, ex secretario de Patrimonio y Fomento Industrial en el gobierno de José López Portillo. El director general, Sergio Hidalgo, fue director del ISSSTE y del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), durante el sexenio de Felipe Calderón.
En su Consejo de Administración también participaron otros ex funcionarios públicos importantes como Jesús Reyes Heroles, ex director de Pemex durante el calderonismo, y Carlos Ruiz Sacristán, ex titular de Comunicaciones y Transportes en el gobierno de Ernesto Zedillo.
Con base en estos y otros datos, apenas en días pasados, el abogado de Infraiber presentó de nueva cuenta una denuncia ante la PGR para que se investigue al presidente Enrique Peña Nieto, acusado de encabezar una red de funcionarios públicos para proteger a la constructora española OHL e impedir la instalación, operación y mantenimiento de un sistema de medición de aforo vehicular en el Circuito Exterior Mexiquense y el Viaducto Bicentenario.
En la querella, Paulo Díez solicitó que el titular de la PGR, Raúl Cervantes, se excuse de encabezar la investigación en contra de Peña Nieto, pues recordó el momento en el que un elemento de esta dependencia le sembró un arma de fuego cuando fue detenido.
“Los hechos que denuncio agravian a todos los mexicanos y al suscrito, pues puede tratarse de una auténtica conspiración de Estado llevada a cabo por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto”, señala la denuncia presentada el pasado 6 de enero, de la cual Aristegui Noticias asegura tener copia.
