Toluca, Estado de México; 20 de octubre de 2019.- Después de años de permanecer en un "limbo jurídico" los Cuerpos de Seguridad Auxiliar del Estado de México (CUSAEM) podrían ser regulados y funcionar como una policía auxiliar de la entidad.
Esas corporaciones han funcionado como entes privados, pero con insignias, escudos y armas de la Secretaría de Seguridad del Estado de México e incluso, algunos cotizan en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, ISSEMyM.
La Secretaría de Justicia y Derechos Humanos del Estado de México revisa no solo las posibilidades jurídicas para reconvertir a los Cuerpos de Seguridad Auxiliar del Estado de México (Cusaem) en una policía auxiliar, sino la capacidad financiera del gobierno estatal, a fin de verificar si podrían absorberlos.
El titular de esa institución, Rodrigo Espeleta Aladro consideró prematuro poder identificar opciones viables, pues se trata de un tema complicado jurídicamente que deben revisar con mucho cuidado para tomar la mejor decisión en los próximos meses, sin violentar los derechos de nadie.
“Estamos analizando jurídicamente el tema en este momento, estamos haciendo una revisión de todos los instrumentos; hay reglamentos y documentos de hace muchos año (…) , estamos en ello” señaló.
Del análisis que realicen determinarán qué pueden hacer, pero consideró que por el momento no pueden anticiparse. Sin embargo, el objetivo es normarlos y evitar que estén bajo la indefinición que actualmente tienen. Todo dependerá de la revisión de su estructura jurídica, las leyes y los reglamentos.
Analiza el gobierno mexiquense situación de los elementos del CUSAEM/ Foto: internet
Hace unos días, la secretaria de Seguridad, Maribel Cervantes, dio a conocer a los diputados locales que la Secretaría de Justicia realizaría un estudio jurídico para analizar la situación de los CUSAEM y reconvertir esos cuerpos de seguridad en una verdadera policía auxiliar.
Esto involucra a unos 40 mil elementos que llevan años en esas corporaciones, sin estar adscritos a la administración estatal, pero sí con seguridad social, incluso con una deuda al Issemym. La mayoría recibe seguridad social por una sentencia laboral a su favor del entonces Tribunal Contencioso Administrativo.
Al no ser considerados como una dependencia pública no son auditables porque no reciben recursos públicos y el Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM) no había revisado sus finanzas, a pesar de las quejas de malos manejos de sus integrantes.
Esas corporaciones prestan el servicio privado de seguridad y por mucho tiempo se encargó de vigilar edificios públicos, e incluso, era considerada como parte del gobierno estatal.
Hace unos meses, algunos de sus integrantes pidieron a los diputados locales apoyo para terminar con los abusos de que son objeto y las malas condiciones laborales, pues carecen de seguro de vida, sus horarios no están regulados, su salario es demasiado bajo, no tienen pagos extras por trabajar en días festivos, no son indemnizados y no tienen certeza de qué va a pasar con ellos.
A principios de mayo la Comisión de Seguridad Pública anunció que citaría a comparecer al titular de estos cuerpos, José Manuel Álvarez González, pero no se pudo concretar porque al no ser un funcionario público no estaría obligado a darle cuentas al Congreso local.
