Toluca, Estado de México; 10 de septiembre 2019.- La bancada de Morena propuso reformar el artículo 129 de la Constitución Política de la entidad, parte de ley de Contratación Pública y del Código Administrativo para transparentar las contrataciones y establecer la obligación de que al menos el 51 por ciento se hagan mediante licitación pública.
El diputado Margarito González Morales expuso que las instituciones públicas deben garantizar esto en adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones y servicios, mediante convocatoria pública y que las entidades, el contratante y la contratista deben asegurar su cumplimiento, e incluso remitir un informe al Comité Coordinador del Sistema Estatal o Municipal Anticorrupción para que se emitan las recomendaciones correspondientes.
Para ello consideran que los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y servicios que se hagan con recursos públicos deben desahogarse preferentemente por conducto de COMPRAMEX, tanto en el ámbito estatal como municipal.
Este sistema electrónico es un instrumento idóneo para transparentar las contrataciones públicas, aunque reconocen que la complejidad del sitio no permite la consulta ágil y accesible, lo cual no abona a la transparencia y rendición de cuentas.
De un estudio hecho al portal de la Secretaría de Finanzas pudieron advertir que para el año 2018 se adjudicó el 58.8 por ciento de las contrataciones y el 17.76 por ciento fueron con invitación restringida, lo cual equivale a que un 76.64 por ciento de los casos correspondieron a procedimientos excepcionales a la licitación pública.
En la secretaría de Obra Pública fueron 8.33 por ciento de adjudicaciones directas de las contrataciones, por invitación el 91.66 por ciento de los contratos, y al final no hubo un solo proceso de licitación pública reportada para esta dependencia.
El Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa reportó mil 327 adjudicaciones directas por un monto de mil 108 millones y ni una sola licitación pública.
“Otra observación que es alarmante respecto a dicha institución es que a pesar de que el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México, para el ejercicio fiscal del año 2018 autoriza que el monto para adjudicarse directamente es de 500 mil pesos, se puede observar que hay adjudicaciones directas hasta por 14.3 millones de pesos para un mismo contratista” lo cual está fuera de la ley.
Y como este caso hay varios más que se deben evitar por la discrecionalidad que significan en el manejo de los recursos públicos. El objetivo es lograr contrataciones transparentes y en condiciones de competitividad.
Por ello, advirtió, es necesario establecer mínimo para asegurar que la licitación pública sea el procedimiento que prevalezca en las contrataciones.
